Asimismo, fijó para el 30 de enero una solicitud de peritaje presentada por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores del negocio.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 16 de marzo el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo del Jet Set Club, donde murieron 236 personas y más de 100 resultaron heridos.
El magistrado Raymundo Mejía tomó la decisión de aplazar la audiencia para ese día a las 9:00 de la mañana, tras acoger un pedimento presentado por los abogados de las víctimas y querellantes, quienes alegaron que no fueron notificados de la acusación.
Asimismo, el juez ordenó al Ministerio Público disponer de un plazo de 10 días para organizar y notificar formalmente la acusación a todas las partes involucradas en el proceso.
El tribunal dispuso que una vez notificados, los querellantes tendrán 30 días para presentar sus escritos, adherirse a la acusación o presentar una acusación alternativa.
Sostuvo que, concluido el periodo anterior, se otorgarán 30 días a la defensa técnica para que produzca sus escritos de defensa y presente sus pruebas.
El juez informó que se estableció un calendario, que incluirá el lunes 23 de marzo y que, si en esos dos días no concluye la audiencia preliminar, entonces se agrega otro lunes.
El juez también fijó para el 30 de enero, una petición de diligencias presentada por los propietarios de la discoteca Jet Set, quienes buscan la realización de un nuevo peritaje para determinar las causas del colapso estructural ocurrido en el establecimiento.
El juez fue enfático al señalar que, aunque se trata de un caso de tramitación compleja con múltiples víctimas, el tribunal no permitirá que el proceso se convierta en un ciclo infinito de aplazamientos.
El magistrado reconoció que existen víctimas que aún no han sido localizadas y otras que no han recibido el expediente acusatorio, lo cual vulnera su derecho fundamental a intervenir en el proceso.
"El tribunal tiene la obligación de preservar el derecho de la víctima. Es una garantía que el tribunal debe cuidar, al igual que el derecho a la defensa de la parte imputada. Es una tutela de ambos derechos fundamentales", afirmó Mejía.
Un llamado a la cooperación de los abogados
El juez Mejía, quien destacó su experiencia manejando casos de gran envergadura, advirtió a los profesionales del derecho que deben mantener un "papel activo" y cooperar con la logística del tribunal.
"Estoy cansado de conocer casos complejos con muchas víctimas y, gracias a Dios, dan resultado porque no permitimos que el proceso se está aplazando por lo mismo. Si ustedes no cooperan, siempre se van a omitir las competencias de la ley", advirtió con firmeza.
