lunes , 15 julio 2024

PN dispersa con bombas a grupo del PLD en Palacio Justicia de SD

 

SANTO DOMINGO.- La Policía dispersó con bombas lacrimógenas a militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se manifestaban este lunes frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.  En los altercados, cuatro diputados del PLD resultaron heridos leves con cortes y recibieron atención sanitaria en un centro médico cercano.

Los peledeistas protestaban por el arresto de dirigentes de su organización apresados el domingo en la mañana para ser investigados sobre actos de construcción multimillonarios que habrían sido cometidos durante los gobiernos de Danilo Medina (2008-2012 y 2016-2020 ).

Los gases lacrimógenos fueron lanzados luego que los manifestantes rompieron la puerta de la entrada principal de esa sede judicial y tras un forcejeo con militares que custodiaban el lugar.

19 PERSONAS DETENIDAS

Previamente, decenas de partidarios del PLD se habían congregado ante la sede del partido cuando la dirección leía una declaración para manifestar su postura ante la detención, este fin de semana, de 19 personas en la operación Calamar contra la corrupción.

Entre los detenidos hay tres exministros de la administración de Danilo Medina (José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, candidato del partido a las elecciones presidenciales de 2020) y el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño

«Estamos en la calle y no tenemos miedo», eran los gritos que lanzaban los participantes, algunos de los cuales se dirigieron hacia el Palacio de Justicia, donde lanzaron piedras contra los cristales de la sede judicial.

Ante ello, las fuerzas de seguridad, que acordonaban la entrada del Palacio de Justicia, respondieron lanzando gases lacrimógenos.

DENUNCIAN «ATROPELLO»

Los cuatro legisladores que resultaron heridos frente al Palacio de Justicia  hablaron a la prensa de lo ocurrido y aseguraron que se personaron en la sede judicial para preguntar sobre las detenciones: «Estábamos en la puerta del Palacio de Justicia queriendo hacer valer nuestro rol fiscalizador», esperando autorización para que dejaran «pasar una comisión a conversar».

Entonces, denunciaron, sufrieron este «atropello» por parte de «un coronel que trabaja para la Fiscalía» y se produjo entonces «la trifulca», en la que las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos que provocaron también «problemas de respiración».

Anunciaron que interpelarán a la Fiscalía «por este atropello (…), este irrespeto al legislador» que, según dijeron, quieren hacer llegar al Presidente de la República.

Como diputados, subrayaron, «tenemos el deber de ir a cualquier institución del Estado a solicitar cualquier información que entendamos», pero «fuimos agredidos, empujados, maltratados».

RESPONSABILIZA A ABINADER

La diputada Ana María Peña responsabilizó de lo ocurrido al presidente dominicano, Luis Abinader, porque «este es un Gobierno que atropella la democracia» y advirtió al mandatario: «Si usted quiere el PLD en la calle, usted va a tener el PLD en la calle (…) No creemos en esa justicia selectiva, esa justicia que no es independiente, que tiene su dirección hacia la reelección».

El PLD ve intereses electorales del Gobierno en la Operación Calamar, por lo que la formación opositora convocará movilizaciones, anunciaron.

LOS ARRESTADOS

Entre los arrestados en la Operación Calamar, además de los exministros y el antiguo contralor, están también el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.

El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19.000 millones de pesos (unos 345,5 millones de dólares) y afectó a instituciones, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.

 

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