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PUERTO PRINCIPE.- Los enfrentamientos entre pandillas en la capital de Haití, dejan al menos 20 personas muertas y decenas de heridos en lo que va de esta semana.
Ante el vacío de poder que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, las bandas delincuenciales intentan controlar zonas de la ciudad, lo que se ha traducido en un repunte de violencia y secuestros, situación que ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares.
Un Gobierno en funciones que parece impotente y pide ayuda internacional frente a pandillas ávidas de poder. Este panorama marca la última ola de violencia en Haití.
Una nueva serie de enfrentamientos entre bandas delincuenciales en varios barrios de Puerto Príncipe, que inició el pasado domingo 24 de abril, deja al menos 20 personas muertas y varios heridos en lo corrido de esta semana.
Entre las víctimas se encuentra una familia de ocho personas, seis de ellos niños, señalaron las autoridades.
Además, al menos una docena de casas fueron incendiadas en los barrios del norte de la capital, donde miles se han visto obligados a huir de sus hogares, destacó la Agencia de Protección Civil del país.
Las escuelas y negocios en la zona continúan cerrados y cientos de familias con menores permanecen refugiados en un parque cercano a la Alcaldía local.
Las rondas de disparos de los grupos delincuenciales también alcanzaron un helicóptero vacío del Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas, cerca del aeropuerto de la capital.
Como si fuera poco, debido a que los combates se centran en la zona de la única carretera que comunica a Puerto Príncipe con el norte del país, así como con República Dominicana, las autoridades advierten sobre una posible pérdida de acceso a esa parte de la nación si se intensifican los combates.
Ante los choques violentos en la comunidad de Martissant, al sur de la capital, ya quedó interrumpido el acceso a la región sur, que intenta recuperarse del trágico sismo de 2021.
Pandillas violentas alentadas por un vacío político
Las pandillas han intensificado su batalla, que incluye asesinatos, hurtos y secuestros, con el fin de controlar áreas más allá de sus vecindarios.
Este escenario ha enfurecido y a la vez frustrado a los ciudadanos haitianos que exigen al Gobierno en funciones, precedido por el primer ministro Ariel Henry, que tome medidas.
Varios grupos cívicos condenaron la violencia y advirtieron de una escalada. La Oficina de Protección Ciudadana de Haití (OPC) reprochó las acciones de las pandillas y criticó a los líderes políticos por lo que califica de inacción.
La OPC indicó que el silencio de los líderes políticos ha traído una «forma de cinismo o desprecio por los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y la seguridad».
Este panorama se suma al empeoramiento de la pobreza y la creciente diáspora de haitianos que buscan mejores oportunidades en otros países.
